Este jueves, el Pentágono de Estados Unidos hundió otra presunta narcolancha en aguas del Pacífico. Así lo informó el Comando Sur a través de su cuenta oficial de X, donde se difundió un video del momento exacto del ataque.
El hundimiento dejó cuatro muertos, a quienes las autoridades identificaron como “narcoterroristas”. Con esta acción, suman ya 22 embarcaciones destruidas y al menos 87 personas fallecidas en esta campaña marítima, que desde septiembre se ha extendido por el Caribe y el Pacífico bajo la justificación de frenar el contrabando de drogas.
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Detalles del ataque y dudas sobre su legalidad
Según el Comando Sur, la embarcación atacada navegaba por una ruta utilizada frecuentemente para el narcotráfico. Fue identificada por inteligencia como un vehículo de contrabando de drogas, por lo que de inmediato se ordenó el ataque.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, defendió el operativo contra la presunta narcolancha como parte de su estrategia antinarcóticos y calificó a los tripulantes como terroristas.
Este nuevo ataque ocurre mientras el Congreso revisa la legalidad de una misión previa en la que, además de hundir una embarcación, se atacó a los sobrevivientes.
Legisladores de ambos partidos han expresado preocupación por posibles violaciones al derecho internacional humanitario, además de señalar la ausencia de pruebas públicas que demuestren que las embarcaciones realmente transportaban narcóticos.
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¿Qué sucedió con la otra embarcación?
El 2 de septiembre de este año, fuerzas estadounidenses del Pentágono atacaron una embarcación en el mar Caribe que el gobierno señaló como una “narcolancha” vinculada al narcotráfico.
De acuerdo con la información difundida, a bordo viajaban al menos 11 personas. Tras un primer ataque, algunas sobrevivieron; sin embargo, se ejecutó un segundo ataque para eliminar a los sobrevivientes.
Ambos ataques fueron autorizados por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y ejecutados bajo el mando del almirante Frank M. Bradley. Desde entonces, se han llevado a cabo varias operaciones similares.
Escrutinio público
Organizaciones internacionales, abogados especializados en derecho humanitario y algunos exmilitares alertan que estas operaciones podrían constituir crímenes de guerra, pues implican bombardeos en aguas internacionales sin autorización judicial y, en algunos casos, el uso de fuerza letal contra personas indefensas.
Advierten que el uso reiterado de fuerza militar en zonas donde no existe un conflicto armado declarado vulnera normas de soberanía y derecho internacional.
Pese al discurso oficial de que estos ataques forman parte de la lucha contra el narcotráfico, la falta de transparencia en las pruebas y el marcado carácter militar generan temor por una posible escalada de violencia en aguas internacionales.
Por el momento, la situación sigue bajo análisis, pero si se concluye que se violaron derechos humanos, podrían existir consecuencias legales tanto para los mandos militares como para la administración que avaló los ataques.
