La Corte Penal Internacional (CPI) reanudó el proceso judicial contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato. La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI estableció para el 23 de febrero el inicio de la audiencia destinada a la confirmación de los cargos contra Duterte. Este procedimiento se desarrollará en La Haya, sede del tribunal.
Acusaciones y antecedentes del caso contra Rodrigo Duterte
La Fiscalía de la CPI acusó formalmente al exmandatario de crímenes de lesa humanidad. En específico por su presunta responsabilidad en una campaña violenta contra el narcotráfico que provocó la muerte de más de 6,000 personas y afectó a aproximadamente 30,000 víctimas en Filipinas.
Estas acusaciones se basan en el papel del expresidente como supuesto coautor indirecto de múltiples asesinatos ocurridos entre 2016 y 2022 durante la denominada guerra contra las drogas. 
Medidas legales y presentación de pruebas
En marzo de 2025, la CPI interpuso órdenes internacionales de detención contra el político, lo que representó un paso significativo en los esfuerzos por llevarlo ante la justicia internacional. La fiscalía presentó evidencia que incluye testimonios y documentos que apuntan a la planificación y ejecución de operaciones en las cuales se habrían infringido derechos humanos fundamentales.
La decisión publicada en una resolución de más de 25 páginas confirmó que Rodrigo Duterte se encuentra en condiciones legales para ser juzgado, lo que permitió fijar la fecha para la audiencia preliminar. Durante este evento procesal, los jueces evaluarán si las pruebas presentadas respaldan de manera suficiente los cargos por crímenes de lesa humanidad, con énfasis en asesinatos masivos, ejecuciones extrajudiciales y hallazgos relacionados con la violencia estatal.
Importancia del caso para la justicia internacional
El proceso en la CPI contra Duterte representa uno de los casos más destacados de rendición de cuentas por abusos en Filipinas desde la fundación del tribunal. La guerra contra las drogas impulsada por el expresidente generó un alto nivel de controversia internacional y denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La comunidad internacional ha seguido con atención la evolución del caso, dada la implicación de un jefe de Estado en funciones durante su periodo presidencial.
Garantías procesales y próximos pasos
El tribunal está compuesto por jueces independientes encargados de garantizar el debido proceso y la transparencia en las investigaciones y procedimientos judiciales. La audiencia fijada para febrero definirá si el caso continúa su curso hacia la fase de juicio o si se desestiman algunos de los cargos presentados. Por el momento, el expresidente Rodrigo Duterte mantiene la condición de acusado dentro del sistema de justicia penal internacional.
