La Fiscalía de Corea del Sur solicitó este martes la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol, acusado de liderar una insurrección tras declarar la ley marcial en diciembre de 2024, una decisión que provocó una profunda crisis política y puso en riesgo el orden constitucional del país, informó la agencia local Yonhap.
De acuerdo con los fiscales, el exmandatario conservador actuó por una “sed de poder con el fin de instaurar una dictadura”, además de no mostrar ningún remordimiento por acciones que atentaron contra la democracia en Corea del Sur.
Acusaciones contra Yoon Suk Yeol
Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que no existen circunstancias atenuantes que reduzcan la gravedad de los hechos, por lo que solicitó la máxima sanción penal, pese a que la pena capital, aunque vigente en Corea del Sur, no se ejecuta desde 1997. 
“En el momento de dictar sentencia no puede considerarse ninguna circunstancia atenuante; se impone una sanción severa”, argumentaron los fiscales.
El veredicto final está previsto para el próximo mes, en uno de los procesos judiciales más relevantes en la historia política reciente del país asiático.
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La noche que sacudió a Corea del Sur
El 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol sorprendió a la nación al anunciar en cadena nacional la imposición de la ley marcial, ordenando el despliegue de tropas en el Parlamento surcoreano.
Horas después, el entonces presidente revirtió su decreto, luego de que un grupo de legisladores lograra ingresar al recinto legislativo, rodeado por soldados, y votara la suspensión inmediata de la medida, evitando un quiebre institucional mayor.
Destitución y crisis política
Tras meses de protestas masivas, inestabilidad política y presión social, Yoon Suk Yeol fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, que determinó que la declaración de la ley marcial violó los principios fundamentales del sistema democrático.
La medida la consideraron sin precedentes desde las dictaduras militares de la década de 1980, un periodo que Corea del Sur ha buscado dejar atrás con profundas reformas democráticas.
La justificación del expresidente
Yoon Suk Yeol defendió su decisión alegando que el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba la aprobación del presupuesto, lo que, según su argumento, amenazaba la gobernabilidad del país.
Sin embargo, la fiscalía considera que esta justificación no valida el uso de la fuerza militar ni la suspensión de libertades democráticas, por lo que sostiene la acusación de insurrección y atentado contra el orden constitucional.
