El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que faculta a su administración para imponer aranceles a bienes procedentes de países que vendan o suministren petróleo a Cuba, en el marco de una declaratoria de “emergencia nacional” con respecto a la isla caribeña. La medida representa un nuevo endurecimiento de la política estadounidense hacia La Habana y busca presionar a terceros países que mantienen vínculos energéticos con el gobierno cubano.
En el texto de la orden, Trump sostiene que la relación del régimen cubano con diversos actores internacionales “constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos” y por ello justifica la emergencia. La orden indica que Washington podrá imponer aranceles adicionales sobre importaciones de países que directa o indirectamente proporcionen petróleo a Cuba.
El presidente también argumenta que el gobierno cubano “se alinea con, y brinda apoyo a, numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversos a Estados Unidos”, entre los cuales menciona a Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbolá, a quienes considera adversarios de los intereses de Washington. 
La declaración de emergencia y la amenaza de aranceles ocurren en un contexto de creciente tensión regional, agravado por reportes de que México se ha convertido en uno de los principales proveedores de petróleo a Cuba, superando incluso a la histórica cuota venezolana tras el colapso del suministro de ese país. Según datos comerciales y fuentes petroleras, entre enero y septiembre de 2025, México exportó cerca de 17,200 barriles diarios de crudo y 2,000 de derivados a la isla, cifras que consolidan su papel estratégico en el abastecimiento energético cubano.
El gobierno mexicano ha defendido este suministro como una forma de ayuda humanitaria y solidaridad, aunque también ha sido objeto de fuertes críticas desde sectores del Congreso de Estados Unidos que consideran que tales envíos fortalecen un régimen que Washington califica como adversario estratégico.
Si bien la orden ejecutiva no menciona explícitamente a México, su alcance abre la puerta a posibles sanciones comerciales indirectas, justo en un momento clave para la relación bilateral. La nación norteamericana se encuentra en pleno proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en un entorno donde las políticas energéticas y comerciales están bajo escrutinio tanto en Washington como en la región.
