El empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA), en contra del Estado mexicano.
El recurso legal se presentó por una presunta persecución política sistemática en su contra desde el año 2023. La acusación fue entregada personalmente al Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, en la sede de la CIDH, en Washington, Estados Unidos.
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Puntos clave de la denuncia
En el documento presentado ante el organismo internacional, Salinas Pliego y su equipo legal sostienen que el gobierno mexicano ha violado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues presuntamente se ha coordinado una ofensiva que incluye acciones fiscales, judiciales y administrativas con el fin de “silenciar su voz crítica” y restringir su participación en el debate público.
Los abogados de Grupo Salinas detallaron ante la CIDH cuatro puntos que, según ellos, sustentan la acusación:
- Criminalización de la crítica, al señalar el uso de recursos públicos y conferencias oficiales para dañar la reputación del empresario, incluidas más de 300 menciones en conferencias matutinas.
- Hostigamiento administrativo, mediante auditorías que consideran excesivas y dirigidas.
- Uso político del aparato fiscal, al enfatizar un reclamo tributario que, a juicio de Salinas, va más allá de obligaciones fiscales normales.
- Acciones judiciales y administrativas que afectan su libertad de expresión y sus derechos políticos.
Conflicto fiscal y político
La denuncia ante la CIDH se enmarca en una disputa que Salinas Pliego mantiene con autoridades fiscales mexicanas por una deuda que ha generado múltiples procesos legales dentro del país.
Tras agotar recursos judiciales nacionales, incluido el máximo tribunal del país, el empresario decidió llevar su queja a instancias internacionales como la CIDH. El conflicto con Hacienda se intensificó luego de la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a revisar ciertos juicios vinculados a dicha deuda. Ante ello, Salinas Pliego ha rechazado las acusaciones de evasión y ha calificado las acciones del gobierno como un intento de desviar la atención política y castigar su influencia mediática.
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Reclamaciones ante la OEA y la CIDH
La denuncia presentada busca que la CIDH declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano por vulneraciones a derechos humanos, en particular a la libertad de expresión y a la participación en la vida pública.
Grupo Salinas solicita que se otorguen medidas de protección y garantías de no repetición frente a lo que califica como una campaña de acoso. Salinas Pliego ha señalado que esta acción no es únicamente personal, sino que pretende defender la libertad de expresión en México y advertir sobre el riesgo del uso de las instituciones públicas con fines políticos.
Implicaciones y respuesta oficial
Hasta el momento no se ha emitido una respuesta oficial del gobierno mexicano ante esta denuncia ante la CIDH. Anteriormente, las autoridades han defendido que las acciones fiscales en torno a Grupo Salinas tienen sustento técnico y legal y no constituyen persecución política.
El caso también ha generado opiniones encontradas en el ámbito público y político. Diversos sectores señalan que un pronunciamiento de la CIDH podría tomar años y que los asuntos fiscales rara vez se traducen en resoluciones sancionatorias dentro del sistema interamericano.
