Una investigación reciente de Código Magenta volvió a poner en el centro del debate la relación entre política, poder y negocios dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex). Según los documentos difundidos, una presunta red encabezada por Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, habría intervenido en la asignación de un contrato de 15,000 millones de pesos a la empresa BME SUBTEC, filial del Grupo Industrial Durandco.
Conexiones empresariales y vínculos familiares
Dicho contrato se firmó el 24 de enero de 2023, y fue otorgado por adjudicación directa para “la renta de un buque de servicio a plataformas petroleras por un periodo de diez años”. La firma estuvo a cargo de Javier Núñez López, exdirigente de Morena en Tabasco. Aunque en ese momento se desempeñaba como subdirector de Abastecimientos de Pemex.
Fuente: ADN Noticias
Fuentes consultadas para la investigación, aseguran que detrás de la operación se encuentra una red de influencia que involucra a Daniel Asaf, exjefe de Ayudantía de Andrés Manuel López Obrador, y quien es primo de Emiliano Pescador Asaf, director de Blue Marine, empresa matriz de BME SUBTEC.
La cercanía entre ambos habría facilitado el acuerdo con un monto que incluye 8, 761 millones de pesos y 341 millones de dólares, con vigencia hasta 2033.
Andrés Manuel López Beltrán, contratos y un pasado cuestionado
Aunque BME SUBTEC se registró oficialmente en 2019, su origen se remonta a Blue Marine, empresa señalada desde administraciones anteriores por supuestos actos de corrupción y sobrecostos en contratos con la petrolera estatal.
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Durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Blue Marine habría obtenido más de 9,000 millones de pesos en adjudicaciones. En 2016, uno de sus buques arrendados a Pemex sufrió un incendio; pese a ser responsable, la empresa no asumió los costos de reparación.
La creación de BME SUBTEC podría haberse interpretado como un intento de renovar su imagen y continuar operando bajo otra razón social. Sin embargo, las recientes revelaciones muestran que los vínculos entre funcionarios, familiares y empresas siguen marcando la gestión de contratos públicos.
