A veces, la negligencia nos hace recordar que en las tragedias que se repiten de una manera desesperante, como hoy la de Veracruz bajo el agua, la naturaleza no es la única culpable.
Las lluvias torrenciales de la última semana dejaron un saldo devastador: más de 18 personas fallecidas, cientos de miles de damnificados y comunidades enteras incomunicadas en al menos 40 municipios del estado. Los ríos Cazones, Tecolutla y Tuxpan desbordaron su cauce y arrasaron con lo que encontraron a su paso. En algunas zonas de Poza Rica y Papantla, las familias apenas alcanzaron a subir a los techos antes de que el agua lo cubriera todo.
Pero lo que es en verdad grave es que esta tragedia no sorprendió a nadie, salvo, al parecer, al propio Gobierno del estado. Las lluvias en esa región son un patrón estacional, los reportes meteorológicos, como suelen serlo, fueron oportunos y las advertencias de Protección Civil se emitieron con anticipación. Aun así, la respuesta institucional fue insuficiente, tardía y desorganizada.
Y el problema no está solo en la reacción, sino en la prevención o carencia de esta. Hace unos meses, la administración estatal decidió no renovar la póliza de seguros contra desastres naturales que por años protegió al estado. En su lugar se creó la llamada Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales (AVSI), un organismo que, según distintos reportes, no cuenta con capital real ni con registro operativo ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En pocas palabras, se puede decir que cuando el desastre llegó a Veracruz, la entidad estaba desprotegida.
Como empresario y ciudadano, me resulta más que alarmante constatar que las decisiones políticas sustituyan a la planeación técnica. Y es que, claro, las obras hidráulicas no dan votos, pero sí salvan vidas, algo que el Gobierno de Nahle debería tener presente. Ya sabemos que los presupuestos de prevención no se ven en campaña, pero sí se reflejan en la capacidad de resistir una tormenta. Que alguien se lo avise a la gobernadora, quien no solo no ordenó evacuar las zonas de riesgo en Poza Rica, sino que, encima, se atrevió a decirles a los damnificados que el río Cazones se “desbordó ligeramente”. Una expresión que, desde luego, causó indignación entre la gente, pues el saldo de 29 muertos, 18 desaparecidos y 40 municipios afectados, no es algo que se pueda tomar “ligeramente” o, lo que es lo mismo, a la ligera.
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En esta tragedia, como tantas veces en nuestra historia, ha sido la sociedad civil la que ha respondido con más eficacia que las instituciones. Vecinos organizados, empresarios locales, universidades y organizaciones comunitarias han coordinado centros de acopio, refugios temporales y brigadas médicas en zonas donde el Gobierno no ha llegado. Esa solidaridad —que nace del instinto humano más noble— no debería ser el sustituto de la acción gubernamental, sino su complemento.
Pero lo peor es que esto que ocurre hoy en Veracruz no es un hecho aislado. Es visiblemente el síntoma de un país que sigue reaccionando en lugar de elaborar una planeación estructurada. En el sector privado sabemos bien que no es posible gestionar una empresa esperando a que llegue la crisis para actuar; debe anticiparse, calcularse y prevenirse. En el Gobierno debería aplicarse el mismo principio básico de responsabilidad.
En cambio, los empresarios veracruzanos tienen claro que sin infraestructura, sin drenajes pluviales y sin seguros, no hay inversión que resista. La reconstrucción será lenta y costosa, y aunque ya se han desplegado más de 5,000 elementos federales para atender la emergencia, sigue faltando estrategia.
En la política mexicana frecuentemente se mide la respuesta en la capacidad para repartir ayuda después del desastre, no en su habilidad para evitarlo. Pero el verdadero liderazgo se demuestra antes de la tormenta. Gobernar implica prever y proteger, en vez de improvisar y mal reaccionar.
Veracruz necesita más que promesas: requiere un plan hídrico integral, infraestructura moderna y una política de prevención sostenida. Y México necesita entender que la gestión del riesgo es parte de la seguridad nacional, no un trámite administrativo.
Hoy, entre el lodo y el dolor, una vez más la gente está haciendo lo que el Gobierno no hizo: cuidarse entre sí. Y si algo nos deja esta lección, es que la solidaridad mexicana sigue siendo más fuerte que cualquier temporal. Pero esa fortaleza ciudadana no debe ser excusa para la ineficacia pública.
Ya lo sabemos, lo hemos sabido siempre: las aguas no perdonan. Y menos cuando el Estado se empeña en dejarnos a la deriva.
